Este año, alquilar o comprar una vivienda tiene ya un coste añadido. Desde el pasado 1 de junio, los propietarios de viviendas que quieran vender o arrendar un piso en Álava (unos 5.000 cada año), como en el resto de España, tienen que desembolsar alrededor de 200 euros antes de realizar la transacción. Este es el precio aproximado del certificado de eficiencia energética, el documento que desde el sábado ha pasado a ser obligatorio para llevar a cabo cualquiera de estas operaciones. El precio es orientativo, dado que se trata de la cantidad que recomiendan los colegios oficiales. Pero la factura final habrá de pactarla con el profesional o empresa homologada en cuestión.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de abril una serie de iniciativas para fomentar el alquiler, la rehabilitación y la eficiencia energética en los inmuebles. Y con vistas a cumplir la normativa europea, se incluyó la obligatoriedad del 'DNI energético' de la vivienda en este paquete de medidas. El Gobierno vasco publicó la orden que desarrolla la norma para el País Vasco dos meses después de que lo hiciera el central y comenzará a registrar esta etiqueta a partir del 20 de junio, según avanzó.
En 2012 se efectuaron en Álava unas 2.700 transacciones de vivienda (tanto nueva como usada) y se firmaron entre dos mil y tres mil contratos de alquiler, de acuerdo a una estimación de la Asociación de PropietariosUrbanos. Son miles, pues, los particulares que deberán preocuparse de obtener y abonar el nuevo certificado. Los dueños de todo inmueble que se pretenda sacar a la venta o alquiler deberán contratar un técnico homologado que visite la vivienda, consulte los planos y haga un estudio del consumo energético que supone su estado. Para ello, examinará desde las ventanas a la calefacción, pasando por la refrigeración o la producción de agua caliente.
A continuación, el profesional al que ha sido encargado el estudio (que por ley debará ser ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o arquitecto técnico) ubicará la propiedad en una escala de calificación de siete letras mediante la introducción de los datos obtenidos en un programa informático del Ministerio de Industria, desde la A (edificio más eficiente energéticamente) hasta la G, en las que el consumo energético es un 125 % superior al de la media. La etiqueta de nivel A será muy difícil de conseguir para la gran mayoría de las viviendas actuales, mientras que la B seguramente solo sea asignada a los edificios de reciente construcción. Las notas más altas (A, B y C) serán verificadas por un agente de control externo, pero en Vitoria, en las zonas ya consolidadas, lo más habitual será obtener el 'DNI' de letra D o E.
Una mala nota no impide la venta
La etiqueta tendrá que aparecer en los anuncios de las viviendas que estén en el mercado inmobiliario para asegurar el derecho del comprador a conocer toda la expectativa de gasto. Además, esta marca indicará tanto el consumo anual de energía como el de CO2. La posesión de un grado de eficiencia energética u otro en ningún caso impedirá la compraventa o el arrendamiento de la casa. Servirá, según el espíritu de la ley, para que el demandante disponga de más información a la hora de comprar, en este caso sobre el comportamiento energético del inmueble, y le sirva para tomar la decisión entre varias ofertas similares.
Como en toda ley, hay excepciones. Podrán esquivar la normativa los inmuebles que se vayan a alquilar por un tiempo inferior a cuatro meses; los edificios protegidos, los utilizados para el culto religioso, las construcciones provisionales, los edificios industriales no residenciales y los que se compren para su demolición.
La solicitud de este certificado podrá hacerse a título individual (el dueño particular de la vivienda que quiere ofertar) o desde la comunidad de vecinos, pidiendo el estudio para todo el edificio. Esta 'ITV energética' deberá ser renovada cada diez años, con la intención de que, progresivamente, todos los inmuebles sean más eficientes. Para quienes no soliciten el certificado, la ley contempla sanciones entre 300 y 6.000 euros. La norma aprobada el pasado abril establece que todas las construcciones en 2020 tendrán que ser "edificios de consumo energético casi nulo".
