Las trabajadoras en huelga aseguran que la empresa no contempla recolocarlas y exigen a Maroto «tiempo y diálogo» para reformar la atención ciudadana
El conflicto entre el Gabinete Maroto y las trabajadoras del 010 permanece enquistado y sin visos de resolverse. De hecho, el concejal de Función Pública, Manu Uriarte, recomendó ayer a las empleadas ponerse «en contacto con su empresa» para buscar una salida a su situación pues el plan de su equipo para reorganizar el servicio de atención ciudadana -que implica la reducción de 32 a 12 plazas - continúa adelante. La compañía, subcontratada por el Ayuntamiento vitoriano y con sede en Bizkaia, «no nos ofrece recolocación en otros puestos porque esos puestos no existen», respondieron portavoces del colectivo presentes en una comisión municipal.
Las trabajadoras, en huelga desde hace más de un mes, reclamaron de nuevo «tiempo y diálogo» al PP para repensar su proyecto y dar con una vía que no implique despidos. «Nosotras no queremos ser funcionarias por la puerta de atrás», insistieron tras asegurar que la entrada en una lista de sustituciones ofrecida por el equipo de gobierno «no sirve para nada». Las empleadas criticaron, además, a los compañeros que no secundan el paro y apelaron a la plantilla municipal para que «no se convierta en colaboradora necesaria de la destrucción de empleo». La oposición -que llevará mañana una moción al pleno para «garantizar el modelo» actual- mostró también su rechazo a la reforma de la atención ciudadana propuesta por el Gabinete Maroto, al que acusó de mantener una actitud «hermética» y «faltar al respeto» de quienes hoy cumplen esta labor. Uriarte, eso sí, defendió en todo momento la idoneidad del plan por impulsar «un mejor servicio a un mejor precio».
«Falta de información»
Pero ésta no es la única cuestión que enfrentó ayer a los populares con el resto de formaciones. El PNV, por ejemplo, puso sobre la mesa los «rumores» sobre la supresión de centenares de contratos programa y Uriarte aclaró que todos esos puestos tienen «fecha de revisión», y que así lo saben quienes desempeñan esos trabajos. Por su parte, PSE y Bildu recriminaron al Gobierno municipal su actitud en las comisiones de Función Pública donde «no facilitan información o lo hacen a cuentagotas», lamentó el portavoz de la coalición, Kike Fernández de Pinedo. La socialista Maite Berrocal lanzó una crítica similar minutos antes al solicitar también datos sobre los complementos de productividad aprobados para algunos empleados del Ayuntamiento. «Son legales pero, ¿por qué no llegan a otros trabajadores?», cuestionó la edil. Por su parte, el líder abertzale recalcó su interés en conocer con «nombres y apellidos» quiénes reciben otro tipo de pluses y amenazó con trasladar su malestar a la junta de portavoces.
El responsable municipal de Función Pública afirmó que toda la información requerida se encontraba ya al alcance de los grupos siempre que no hubiera problemas técnicos en los programas informáticos. Uriarte se refirió también a los cursos de formación impartidos a la Policía Local -recibidos por casi un millar de agentes en 2012- después de que el PSE admitiera su preocupación por la reducción de estos talleres en áreas problemáticas, como la violencia de género o el tráfico de estupefacientes.
